Introducción a la segunda parte

Comentar sobre la campaña electoral no solo implica detenerse en los artefactos de la propaganda. También es una ocasión para entrar a dialogar sobre "lo que se dice en el debate". Entre las cuestiones que fueron abordadas estuvo lógicamente el tema de la justicia y no creo haberme equivocado cuando escribí que el solo nombramiento de 4 de los 9 magistrados de la Corte sería suficiente para producir un cambio de dirección en las instituciones de justicia. Por alguna razón, sigue siendo muy difícil que la política se apropie del tema de la justicia. Y como no hay respuestas, la justicia sigue dando tumbos. Quizás el año 2009 vea un debate electoral más rico en materia de justicia.

Otra de las cuestiones electorales que me pareció importante abordar fue la de la calidad del voto. Según el tipo de elección (presidente, diputado, algcalde, etc), hice análisis separados de los resortes que impulsan uno y otro voto. Esto sugiere que los resultados que arrojan los comicios son complejos y ameritan distintos niveles de análisis.

En uno de los artículos me enfoqué en posibles conductas irregulares o ilícitas de la Presidenta de la República y las posibles consecuencias. Terminado el periodo de campaña, hice un examen breve del retrato que la maquinaria publicitaria nos dejó de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Con un poco de sal, ofrecí mi parecer sobre la caracterización de los aspirantes que su propia publicidad entregó al público.

En otra entrega volví a revisar la cuestión de hasta dónde es posible predecir el resultado electoral y los diversos factores que intervienen en los resultados de los comicios. Una reflexión sobre el mandato político que emerge de un proceso electoral, y una meditación alegórica sobre el significado de lo que para unos es derrota y para otros victoria, cierran el ciclo de observaciones sobre la campaña de 2004.

Como no podía faltar el análisis de los resultados de las urnas, dediqué una columna a hacer las matemáticas de los votos y desentrañar sus mensajes. Estos artículos se escribieron y publicaron en el orden que a continuación se presenta.

La justicia, esa desconocida

Aunque el segundo debate de los candidatos presidenciales incluía en su temario la justicia, las respuestas devueltas por los aspirantes pusieron al descubierto la ausencia generalizada de un planteamiento ordenado y ordenador. Tanto por lo que se dijo de forma repetitiva, como por su sinfonía de silencios (¿o consenso?), la ciudadanía tiene buenas razones para mantener un alto nivel de alerta sobre una institución cuyo futuro ofrece muchas interrogantes y cuyo presente está signado por la crisis.

Y es que la justicia no es como un sector de la economía por cuyo desarrollo se puede optar o no, ni como un grupo de la población al que hay que compensar en su desventaja para que su situación no sea tan grave. Tampoco es su objetivo luchar contra la corrupción, que es un poco el sabor que dejaron los planteamientos de los políticos. Distinto es que una justicia independiente, imparcial y eficaz sea el mejor arma en la lucha contra la corrupción.

Una justicia de calidad es una condición necesaria para el afianzamiento del Estado de derecho, el desarrollo de la democracia y el crecimiento económico equitativo. Por el contrario, la mala justicia golpea a toda la economía y a toda la población; pero no los golpea a todos por igual, ni las reacciones de los afectados son las mismas. La violencia como una forma de justicia privada ante la denegación de justicia, o la corrupción institucional como mecanismo para contrarrestar las disfunciones de un aparato ineficiente, son solo algunos de los productos derivados de una deficiente administración de justicia.

¿Hasta qué punto la jefatura política que se decidirá en los comicios del 2 de mayo puede tener un impacto sobre la justicia de modo que se justifique su inclusión en los temas de debate? Para empezar la idea más persistente, es que el mejoramiento de la administración de justicia depende de que se hagan buenos nombramientos en la Corte Suprema, lo cual es responsabilidad del Ejecutivo. Todos los competidores en el certamen presidencial, con excepción del oficialista, prometieron hacer buenos nombramientos. Veamos en qué consisten.

Sin entrar en detalles sobre el limitado alcance del cargo de magistrado de la máxima corporación judicial, vale la pena recordar que la Corte Suprema es un tribunal colegiado integrado por nueve miembros, que cuatro de sus integrantes concluirán el periodo (de diez años) para el que fueron nombrados en los próximos cinco años, y que, como consecuencia de la exactitud de las matemáticas, los cinco magistrados designados en el último lustro por el actual Ejecutivo seguirán siendo una mayoría durante el período completo del próximo Presidente de la República.

¿Es entonces un planteamiento realista afirmar que la designación de dos "buenos" magistrados, uno en la Sala Civil y otro en lo Contencioso-administrativo a partir de enero de 2006 (que es cuando corresponde al próximo gobierno hacer sus primeros nombramientos), y otros dos "buenos" magistrados, uno en la Sala Penal y otro en la Civil, a partir de enero de 2008, traerá un cambio significativo en la administración de justicia?

No me parece que es legítimo esperar que estos nombramientos así escalonados, por muy buenos que pudieran ser, vayan a producir por sí mismos una mejora en la protección de los derechos de las personas, y un robustecimiento de los principios de la seguridad y la certeza jurídicas que el desarrollo de la gente y las actividades económicas necesitan con urgencia. Tampoco creo que todo el problema de la justicia se reduce a lo que ocurre en la Corte Suprema, que dicho sea de paso, solo atiende un 3% de los más de cien mil casos que ingresaron al Órgano Judicial el año pasado. La gente común, esa que produce cantidades masivas de votos, ni siquiera verá sus expedientes llegar a la Corte Suprema en la inmensa mayoría de los casos. ¿Significa esto que el 97% de los casos depende única y exclusivamente de las soluciones internas que le pueda dar el Órgano Judicial? Pienso que no.

Es cierto que los tribunales de justicia configuran otro poder del Estado y que los ministros de Estado no pueden ni deben meter las manos en los despachos judiciales para aligerar el trámite de ninguna cosa. Sin embargo, lo que no se visualiza es que las soluciones que necesita la justicia panameña son sistémicas, es decir, no dependen de lo que se haga en los tribunales solamente, y envuelven tanto problemas de diseño como de gerencia. Además del Ministerio Público y la PTJ, hay una serie de oficinas públicas, como el Ministerio de la Juventud, que guardan relación directa con el sistema de justicia, siendo las cárceles su emblema más dramático.

¿No sería materia de un renovado liderazgo político estimular el apoyo ciudadano y la participación organizada de la sociedad civil en materia de justicia? ¿No es acaso una cuestión de voluntad política asignar los fondos para financiar proyectos de inversión en materia de justicia, tanto en infraestructura como en el uso de nuevas tecnologías? ¿Puede el déficit en cuanto al número de tribunales, defensores, y agencias de instrucción ser subsanado por la sola decisión de la Corte Suprema?

Le compete tanto al gobierno como a los actores sociales promover la mediación, la conciliación y la negociación como métodos alternos para resolver los conflictos que de otra manera terminan abarrotando los tribunales y ralentizando los procesos. Pero hacer todo esto bien y con efectividad necesita visión de futuro y compromiso de cambio, cualidades que son típicamente políticas, en el buen sentido de la palabra. Algún día tendremos un debate al respecto.
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El Panamá América, Martes 23 de marzo de 2004

Cuatro elecciones, un destino

Uno de los argumentos que se blandieron contra la inclusión de la quinta papeleta en los comicios del 2 de mayo fue la confusión que se le causaría al electorado al tener que votar al mismo tiempo por otras cuatro papeletas en que se disputaban cuatro distintos puestos de elección popular. Se dijo también que la gente no sabía qué era una Constitución o qué exactamente decía la nuestra, ni qué era una Constituyente o cómo se comía. ¿Cómo se puede votar sobre lo que no se conoce? Muy bien, veamos de qué manera la práctica electoral actual refuta estos mismos cuestionamientos.

La elección del Presidente de la República obedece a criterios muy distintos de los que se emplean para elegir legisladores, alcaldes y representantes de corregimientos. Aunque no sea enteramente consciente de ello, cuando voto para escoger al Presidente de la República no estoy eligiendo sólo al hombre de la foto (este año todos los candidatos presidenciales son hombres, así que cabe lo que de otra forma sería un lenguaje sexista), pues, en realidad, este hombre no es más que la cabeza visible de un gran (en el sentido del tamaño, no necesariamente de la calidad) equipo de trabajo y mi voto va dirigido a colocarlos a todos ellos en el sitio del poder. El presidente no es un mero director de orquesta, es la tarjeta de presentación de la orquesta completa, que es la que al final nos hará bailar, desesperar ante la cacofonía o morir del aburrimiento.

Nunca debemos dejar de pensar que detrás de ese rostro ubicuo hay una miríada de intereses, algunos sanos, otros no tanto; pero todos invisibles. Y lo peor de todo es que el acceso que la inmensa mayoría de la gente tendrá al que resulte vencedor en el torneo es escasísimo. Una espesa cortina de ministros, funcionarios y asesores se interpondrá siempre entre el presidente y la gente que lo eligió.

¡Qué distinto es el voto para legislador! En ese caso, aunque también marco la casilla del partido, en realidad voto por una persona (o varias, si se trata de un circuito plurinominal) que sólo tiene entidad en la medida en que forma parte del Organo Legislativo. Eso significa que el triunfo de mi candidato en el torneo no garantiza que su voz prevalezca en la Asamblea. Incluso, si el legislador elegido pertenece a la bancada de oposición y resulta una persona muy combativa, quizás el gobierno desarrolle una actitud negativa hacia la circunscripción de mi legislador y decida menoscabarlo obstaculizando la ejecución de proyectos en mi comunidad. Es decir, con ganar, uno no gana nada en particular; o sea, la victoria de mi candidato a legislador podría convertirse en un dolor de cabeza de duración quinquenal.

Quizás el voto para integrar el legislativo es menos un voto para el partido, que para el candidato. Esto parece ser lo que ocurre en una buena parte de los circuitos uninominales. En los plurinominales la situación es compleja. El hecho de que podamos ejercer el voto selectivo es una muestra de que se eligen personas antes que partidos; pero la manera como se reparten las curules pareciera indicar lo contrario. En este último aspecto, las reformas electorales del 2002 trataron de favorecer el principio a favor de las personas.

Y qué decir de la elección del Alcalde. En realidad, es otro juego de pelota totalmente distinto. Salvo por el distrito capital, la mayoría de los votantes del 2 de mayo elegirá como alcaldes a hombres y mujeres que les son cercanos (aunque no siempre en un plan de amistad). En el certamen para escoger al alcalde se permite la postulación libre y aunque no son muchos los candidatos de esta proveniencia, su mera presencia le añade una mayor riqueza de ofertas electorales a los comicios. El elemento de la cercanía se intensifica en la elección de representantes de corregimiento, en la que las relaciones de familia y amistad podrían jugar un papel importante al momento de determinar el beneficiario de la visita a las urnas.

Aunque no se haya dicho mucho, por conveniencia claro está, en algunos pocos distritos habrá una quinta papeleta, no la que asesinaron los partidos políticos, sino la que servirá para escoger concejales. En aquellos distritos en los que el número de corregimientos sea inferior a cinco, la Constitución ordena que se elijan por votación popular directa los concejales que se necesitasen para que el Concejo quede integrado por el mínimo de cinco miembros.

Así que, en los escasos minutos que tomará mi ejercicio del voto, deberé repasar una vez más mis ideas en cuanto a quién sería el mejor líder político del país, lo que significa hacer un balance adecuado de las funciones de gerencia pública y liderazgo democrático de la nación, quién tiene la rectitud y la solidez de criterio para confiarle la formulación de leyes, quién podría ser un buen administrador de la hacienda local, quién un buen representante de los intereses comunitarios.

Independientemente de si todos los panameños pueden hacer eficazmente estas operaciones mentales en unos pocos minutos, pues en ningún momento he escuchado que todo esto es demasiado complejo para que las cuatro elecciones se celebren el mismo día, lo cierto es que así votamos los panameños.

No importa que haya gente que no conozca todas las funciones que la Constitución y las leyes le asignan al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, a los alcaldes y a los representantes de corregimientos. Ello no vicia el fundamento democrático de las elecciones.

Antes bien, que la decisión sea el resultado de las opiniones de la gente, así sean éstas imperfectas, limitadas, confusas o arbitrarias, es lo único que nos puede acercar a nuestro destino democrático.
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El Panamá América, Martes 30 de marzo de 2004

Un crimen sin castigo

Dentro de las vicisitudes de este primer torneo electoral del siglo XXI, hay un hecho que es imposible pasar por alto al hacer la hoja de balance: la actuación decidida de la Presidenta de la República en apoyo a la campaña del candidato oficialista; ha reconocido públicamente que lo ha hecho, y además, ha prometido que lo va seguir haciendo. Y no sólo con él, también con "sus" candidatos a legislador, alcalde y representante.

Tamañas declaraciones de la mandataria como las publicadas en la nota de portada de El Panamá América, en su edición del 3 de abril, además de constituir un grave error (del que nadie sabe si algún día se arrepentirá) y un triste bochorno para la vida pública de esta joven democracia, son preocupantes porque muestran un alto grado de descomposición de los valores éticos y políticos que deben imperar en los certámenes electorales.

Quiero remachar el punto: no es un problema de rareza individual. Demonizar a Moscoso es algo que sólo le puede interesar a sus adversarios políticos. La presidenta ha hecho desde su cargo lo mismo que harían otros miles, entre los cuales habría representantes de todos los partidos políticos, si les tocase desempeñar el mismo cargo en las mismas circunstancias. Es una verdadera pena que personas correctas y educadas, que acompañan políticamente a la Presidenta, y que no ignoran lo reprochable de esta actuación, tengan que quedarse calladas (o aún defender el entuerto) porque la disciplina partidaria o la conveniencia política así se lo imponen.

Algunos comentaristas de la escena política han comparado el desatino presidencial del 2004 con las acciones que en 1968 causaron el juicio político a través del cual se destituyó al Presidente de la República (juicio que luego fue anulado). En efecto, una de las razones que valida la comparación es que, a pesar de que las Constituciones que sirven de marco normativo fundamental a ambos hechos históricos son distintas, las normas aplicables al caso son prácticamente idénticas, en lo que concierne a la protección del sufragio y a la responsabilidad del más alto dignatario de la nación. No voy a recordar estos hechos aquí, pero sí quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones en torno a la responsabilidad política y jurídica de los presidentes de la República.

El artículo 130 constitucional señala una serie de prohibiciones luego de enunciar un mandato sumamente claro: "Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio." Nótese que no dice "El Tribunal Electoral está obligado..." Y es que el sufragio es el bien más sagrado de la democracia, y no puede ser una materia especial a cargo de una autoridad especial, como la salud bovina, por ejemplo. Todas las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Esto incluye a la Presidenta de la República.

El mismo artículo enumera las prohibiciones a través de las cuales nuestra Constitución "protege" el sufragio y la primera reza así: "El apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin." Adviértase que no se menciona la utilización de fondos públicos. La conducta negativa consiste en "apoyar a candidatos a puestos de elección popular", con o sin utilización de fondos públicos. Difícilmente se puede formular una prohibición de modo más abarcador y más firme. Alguien podría decir, "bueno, la Constitución dice eso, pero en realidad no es algo que pueda exigirse".

Un momento: esa actitud refleja la pervivencia de la cultura militarista en tiempos de democracia: la Constitución está allí, pero no tiene necesariamente que cumplirse; hay que manejarla según la conveniencia. Pues no, si le vamos a dar un valor sustancial a la democracia, tenemos que empezar por hacer que la Constitución se cumpla.

La Constitución y las leyes no sólo deben fijar principios, también deben establecer reglas de conducta que sean completas. Es decir, la norma debe establecer claramente en qué consiste la prohibición y qué consecuencia se deriva de ella. Porque proscribir determinadas acciones sin señalar las sanciones correspondientes es patrocinar el pecado. El problema radica en este caso en que, cuando dicha conducta reprochable la comete el primer mandatario, un fuero especial impide que se le juzgue por las autoridades ordinarias. El fuero especial se refiere, pues, a la entidad que le juzga, no a una supuesta autorización para violar la Constitución porque es el Presidente de la República.

La Constitución le otorga a la Asamblea Legislativa la potestad de ser la única entidad que puede juzgar al Presidente y señala cuáles son los cargos que se le pueden hacer. El primero de ellos dice así: "Por extralimitación de sus funciones constitucionales". Según el Diccionario de la Real Academia Española, extralimitarse significa: "Excederse en el uso de facultades o atribuciones". Se entiende que este exceso se prohíbe porque consiste en un exceso ilícito; o sea, es una acción que transgrede las normas porque atraviesa la línea divisoria entre lo que está permitido y lo que está prohibido. Este fue el fundamento del juicio político contra el presidente constitucional Marco A. Robles, que había estado apoyando a algunos candidatos oficialistas en los escrutinios de aquel año de ingrata recordación.

La misma disposición establece que la sanción consiste en la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término que determine la ley. Que la Asamblea no esté en condiciones de cumplir con sus más delicadas responsabilidades, es algo que no debe extrañarnos.

Lo que llama la atención es que los adversarios políticos de la Presidenta hayan propuesto una reforma constitucional para que sea discutida y aprobada por esta Asamblea con el fin de adecentar la cosa pública.
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El Panamá América, Martes 6 de abril de 2004

Ethos, pathos, logos

Si los jefes de campaña hubiesen leído a Aristóteles, habríamos tenido un torneo electoral más interesante.

Como las elecciones no se deciden sobre la base de la filiación partidista, la cual tampoco es muy disciplinada que digamos, hay que hacer campaña. Las campañas electorales se hacen sobre el supuesto de que hay grandes mayorías desafiliadas (en estas elecciones rozan el 50% del total de electores), y que la disciplina entre los adherentes de un partido tiene sus grietas. Hay que atraer entonces el voto de los desafiliados, de los que tienen una membresía vulnerable en los otros partidos, al tiempo que hay que asegurar el de los propios. Es decir, hay que persuadir a la gente de que Fulano es el "mejor candidato", no basta con decir que es el candidato del partido.

El análisis que Aristóteles hizo de la capacidad de persuadir (la retórica) se proyectaba en tres ámbitos: la firmeza del carácter (ethos), la inspiración de ciertas emociones (pathos), y la verdad demostrable de lo que se dice (logos). El Estagirita pensaba que los tres elementos eran necesarios para lograr un buen argumento, pero las campañas electorales se han conducido como si fuesen elementos opcionales o alternativos.

José Miguel Alemán cada vez más pone todos los huevos en la canasta de la pasión civilista anti-PRD. Tomando en cuenta la cantidad de electores para los cuales la Cruzada Civilista representa un vago recuerdo de su infancia o temprana adolescencia, sin ninguna conexión viva con eso que llamamos el presente, estimo que este es un recurso ineficiente. Independientemente de su verdad histórica, esta línea de ataque produce magros resultados.

El contenido de la propuesta de gobierno es muy mediocre, teniendo la ventaja de que por ser el candidato de gobierno tiene más y mejor información que sus adversarios. Pero lo que lo tiró al piso desde el primer asalto fue que falló en forjarse una imagen propia. Su candidatura se basó en el supuesto de que Moscoso podía volver a ganar las elecciones y todo indica que no es así. En conclusión: un ethos menguado, un pathos ineficiente, y un logos mediocre.

Guillermo Endara también le ha apostado todo a la emoción. Su ventaja sobre Alemán consiste en que puede colocar en la misma bolsa de rechazo a las figuras de la dictadura y a las del actual gobierno, lo que hace su discurso un arma poderosa en un contexto de alto descontento. De la misma manera que su discurso es emotivo, pero no articulado, sus atributos personales son muy buenos en cuanto a experiencia y honradez, pero poco convincentes cuando los acercamos al microscopio.

Es el candidato que menor importancia le ha dado a su programa político, quizás porque es, al mismo tiempo, el único que ha abrazado el proyecto de convocar a una Constituyente como el primero y más importante acto del próximo gobierno, lo que genera más simpatía que credibilidad, porque está más cerca de lo sensacional que de lo factible. Recapitulando: un ethos bueno, un pathos muy bueno, un logos pobre.

Ricardo Martinelli también ha apostado por la emoción. Su mensaje trata de ser inspirador, pero no se dirige a los de su clase. Ha buscado soldar su imagen a las figuras de la pobreza y utiliza la crítica sin mezclarla con el odio; pide el rechazo de la clase política, pero no su condena. Prefiere mostrarse semidesnudo arreglando un trasmallo que lanzará al mar, antes que retratarse en su bastión empresarial; se le ve más cómodo haciendo "raspao" que abrazando a su esposa e hijos en su elegante residencia.

Su dificultad ha sido que su honestidad privada no genera aún credibilidad política. A pesar de tener un plan de gobierno muy bien orientado, con uno que otro desmayo, no le ha sacado todo el provecho a sus ideas. En conclusión, un ethos regular, un pathos bueno, un logos tenue.

La campaña de Martin Torrijos está en evolución después de su extremadamente pobre comienzo. Teniendo tantos y tan buenos tecnócratas en la Alianza Patria Nueva, apostó por elementos racionales como el plan de gobierno. Ante las críticas sobre la excesiva timidez y descomedida cautela que se apreciaba en sus intervenciones (y en la falta de ellas) y en su desenvolvimiento personal en público, ha comenzado a ejercitar sus musculatura facial para imprimirle a su postulación algo de temperatura y color.

De los cuatro candidatos es el único al que una inmensa mayoría de panameños llamaría por su primer nombre como reacción refleja, lo que significa que el "Torrijos" pesa en él no como un legado político, sino como una herencia personal. Es el hijo de Omar Torrijos, no el que continuará la obra que comenzó el General.Lo más desconcertante en su campaña es que siendo ostensiblemente el más joven de los candidatos, y teniendo, por ende, el respaldo mayoritario de la juventud, su mensaje es muy poco inspirador. Resumiendo: un ethos que crece de pobre a regular, un pathos casi inexistente y un logos muy bueno.

Recapitulemos: si Alemán decide regañar a Mireya por no entregar la información sobre las partidas discrecionales; si Endara hace un esfuerzo por mostrarse más articulado y ejecutivo, con un plan de gobierno por delante; si Martinelli relega la zapatería a un segundo lugar y defiende la propuesta política que ya tiene; y si Torrijos pudiera tomar la lira y hacernos de nuevo un país con sueños, y no con sueño, entonces tendríamos un poco más de la diversión y el entusiasmo que se necesita para tomar todo esto en serio, y podríamos combatir el tedio que nos hará doblar la rodilla hasta que ya salgamos de esto.

Mientras tanto, seguiré leyendo a Aristóteles, para quien la retórica era una parte de la política, así lo explica en el Tomo XXII de la edición bilingüe de sus obras completas.
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El Panamá América, Martes 13 de abril de 2004

La lluvia y el transporte

El estudio de los comportamientos políticos está marcado menos por la necesidad de comprender al prójimo que por la de anticiparse a sus acciones, de allí que los comicios electorales sean uno de los objetos típicos sobre los que recae el ejercicio de hacer cálculos y pronósticos. Las sociedades antiguas tenían profetas, magos y poetas, pero, como no tenían elecciones, sus funcionarios del conocimiento no se equivocaban tan a menudo.

En las sociedades modernas tenemos encuestadores, cientistas sociales e ideólogos, que nos regalan una serie de certezas a tan bajo precio que cada vez valen menos. Quién no recuerda el balde de agua fría que les cayó a los politólogos occidentales cuando cayó el muro de Berlín en noviembre de 1989. ¿Es que alguien predijo la extinción de la Unión Soviética y la abolición del Partido Comunista, por decisión propia en 1992?

Pues no, los grandes hechos son siempre impredecibles, dirán. A nadie se le ocurrió aventurar la idea de que el siglo XXI empezaría con las campañas bélicas más monumentales de la historia en la que Estados Unidos se desplazaría a sus antípodas para liquidar a los Estados "canallas" de Asia Central, a pesar de que ya habíamos visto, diez años antes, el éxito contundente que obtuvo el General Schwarzkopf en la operación Tormenta del Desierto.

Como los analistas no han podido prever los grandes acontecimientos, no han tenido más remedio que contentarse con los hechos pequeños, como las elecciones. Aquí, sus pretensiones proféticas son tan grandes como las sumas que cobran en concepto de honorarios. No importa cuántas veces hayan fracasado sus predicciones sobre los escrutinios; se trata de un hábito que no se puede abandonar, una necesidad creada que ya no se puede dejar de satisfacer.

La gente quiere saber quién va a ganar antes que las elecciones ocurran y hay quienes que están dispuestos a decirlo. En esta escena los candidatos, protagonistas por excelencia, se sientan y escuchan a otros personajes, que habitualmente se mueven tras bambalinas. Es la trastienda del conocimiento de la política, que no debemos confundir con la política misma, porque entre uno y otra hay una distancia más larga a la que normalmente hay que recorrer para ir del comedor a la cocina.

¿Quiénes son estos personajes que nos venden el futuro? ¿Qué realmente saben y cuánto les podemos creer? Los más destacados en la práctica de artes adivinatorias son los mercadólogos, que tienen la capacidad de estudiar el voto exactamente como si se tratara de un mercado más. Su enseñanza es simple: cada candidato es un producto, y la campaña es una estrategia de venta; el voto es el acto de compra de dicho producto. De este grupo saldrán los marketeros, especialistas en mercadear candidatos.

Con base en los sondeos de opinión, estos analistas nos revelan quién ganará el 2 de mayo. Pero hay algunos problemas en la mágica poción: la muestra podría tener sus sesgos, como, por ejemplo, subrepresentar a los marginados por el sistema, que son, al mismo tiempo, los que no tienen una buena opinión del establishment y tienden a demostrarlo con los votos. A lo mejor estas personas no van a las urnas, pero a lo mejor sí. Nadie puede saberlo.

Otro pequeño problema de las encuestas es que en Panamá están prohibidas diez días antes de las elecciones y durante ese período el electorado, como un magma incesante, sigue pensando, dudando y sufriendo. Diez días son demasiado tiempo cuando los vínculos son frágiles, dependen de un apretón de manos o de una sonrisa pintada en un cartel. La medición de la temperatura sólo vale para ese momento, si la fiebre sube o baja después, ya no lo sabremos. En esta campaña los sondeos de intención de voto realizados por distintas empresas han mostrado resultados tan dispares, que uno no sabe si acudir al libro de Baldor o al Código Penal.

En una posición menos destacada que la de los hechiceros mercadológicos, están los cientistas sociales. A diferencia de los marketeros, quienes son los que verdaderamente dirigen las campañas, los cientistas no hacen nada que tenga relevancia electoral. Como la de los patólogos, su ciencia siempre llega muy tarde a la escena. Lo saben todo, pero no hacen nada. Hay, sin embargo, una subespecie de este grupo, los analistas políticos cuyo gusto por la superficie no los hace buenos topógrafos. El problema no es la banalidad de sus afirmaciones, sino la irresponsabilidad con que enuncian cada apotegma.

Finalmente, están los ideólogos, profetas menores de otros tiempos y que ahora han logrado reciclarse, repitiendo una y otra vez una historia de grandeza de la que ya nadie se acuerda. Atesoran conocimientos esotéricos sobre cómo se comportan las masas el día de las elecciones. Su misión no tiene nada que ver con algo que hayan visto en una bola de cristal, es más bien, estrictamente psicoterapéutica. So pretexto de predecir el futuro, inyectan un nuevo entusiasmo en las huestes de militantes y simpatizantes. No saben nada, pero son gente importante. Son el bálsamo que se untan los guerreros antes de entrar al teatro de guerra, (y después serán el coffal de los apaleados en las urnas).

A pesar de los numeritos de los encuestadores, las razones de los científicos, y el olfato de los ideólogos, el triunfo del 2 de mayo podría ser el resultado de cosas más bien banales como la lluvia y el transporte. Un aguacero torrencial que dificulte el tránsito, podría disminuir la asistencia a las urnas trayendo mayor perjuicio a un grupo que a otro. Una organización eficaz de buses podría asegurar el desfile de simpatizantes por las mesas de votación.

Una mezcla desconocida de lo previsible y lo imprevisible acompañará los resultados del 2 de mayo. En lo único que necesitamos creer es que ese día triunfará la democracia.
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El Panamá América, Martes 20 de abril de 2004

El mandato del 2 de mayo

Lo importante no es por quién vamos a votar, sino por qué vamos a votar. No es el rostro lo que vale; es el puñado de esperanzas que nos impulsa a creer que ese rostro guarda una promesa. Lo único que es lícito afirmar sobre los candidatos presidenciales es que todos son buenas personas (de los candidatos a legislador y a otros puestos de elección no me atrevería a afirmar lo mismo). Pero las virtudes que les acompañan son muy desiguales, ya que responden a consideraciones muy subjetivas.

Por fortuna, no es necesario que nos pongamos de acuerdo en los atributos que se precisan en el futuro mandatario. Antes bien, la democracia nos permite escoger sin acuerdo previo sobre características específicas. Es perfectamente legítimo que para algunos la experiencia en el manejo de asuntos de Estado sea un valor decisivo. Del mismo modo, es igualmente válido votar por la honradez de un individuo o por sus ideales o su programa de gobierno.

La democracia está hecha de todas estas razones, y también de otras que no son del todo positivas. Las campañas negativas, aquellas que señalan por qué equis candidato no será un buen titular del cargo, siempre juegan un papel, aunque la mayor parte del pueblo hoy las rechace. Este rechazo es fruto de la vida en democracia.

Durante la dictadura, por ejemplo, los candidatos oficialistas siempre estuvieron marcados por la campaña negativa, que, dicho sea de paso, siempre tuvieron mucha aceptación en un público decididamente antimilitarista. Eran otros tiempos.

En cualquier caso, no debemos confundir las campañas negativas con las sucias, que son una verdadera violación de la convivencia pacífica. Las campañas sucias son aquellas que carecen de un argumento político y sólo buscan desacreditar a la persona moralmente recurriendo a hechos no esclarecidos de un pasado remoto o reciente. Por lo general, insinúan más de lo que en realidad dicen y se presentan como la verdad que define al aspirante impugnado. Las campañas sucias constituyen una estafa y, en ocasiones, debieran ser tratadas como un delito. Ningún candidato presidencial que se respete a sí mismo puede apoyar una campaña sucia.

Después de tanta propaganda, tanta información incompleta, sesgada, contradictoria, de dudoso origen, de tanta opinión presumiblemente "autorizada" y tanto comentario supuestamente "desinteresado", es perfectamente probable que haya personas que se sientan más confundidas que nunca. ¿Y si el que yo creo que es el mejor candidato resulta no serlo? ¿Cómo puedo confirmarlo?

La buena noticia es que la democracia no consiste en escoger a la mejor persona. La democracia envuelve un acto de fe, mediante el cual quien reúna la mayor cantidad de votos es el mejor candidato y punto. De lo contrario, tendríamos que conceder la anulabilidad de los resultados electorales a mitad del período, cuando se nos haya revelado que el candidato elegido obtuvo el cetro presidencial mediante engaño. Por eso es que hay que insistir en que la única creencia que todos debemos compartir, en lo que concierne al proceso electoral, es que el 2 de mayo triunfará la democracia.

Me cuesta entretener la hipótesis de que hay algún grupo tramando un fraude electoral. Prefiero creer que semejante bellaquería se ha tornado imposible porque la pureza del torneo descansa en la intervención de un número tan alto de personas que sencillamente no hay la cantidad de gente necesaria para perpetrar un delito de esa magnitud.

Si el domingo 2 de mayo una amplia gama de motivaciones pasa por buena, ¿significa eso que los dignatarios de la patria, elegidos en ese acto, carecen de un rumbo prefijado, que las credenciales que oportunamente les entregará el Tribunal Electoral son como un cheque en blanco en el que los elegidos escribirán la suma y el beneficiario que se les antoje? De ninguna manera.

Más allá de los particularismos, las elecciones trascienden a los individuos. La Nación escogerá a sus dignatarios para el próximo quinquenio con un claro mensaje de que hay que insuflar nueva vida en nuestras instituciones fundamentales; las panameñas y los panameños necesitamos creer que nuestras autoridades son dignas, pues nosotros las escogimos. Cierto es que la sociedad, como siempre, espera una respuesta de parte del Estado que deberá desarrollarse en el largo, mediano y corto plazo. Sin embargo, sobre el próximo quinquenio parecieran erigirse necesidades acuciantes como antes nunca vistas.

La seguridad social reclama una acción pronta, sabia y eficaz, pues la pasividad, la lentitud y la indecisión sólo conducirán a la bancarrota financiera de la institución, lo que intensificará el estado de vulnerabilidad en que ya se encuentra una parte importante de la población y tendrá efectos desastrosos para las finanzas públicas. Sospecho que nuestra sociedad ya ha madurado, en materia de lucha contra la corrupción, lo suficiente como para exigir que cada paso (cada nombramiento, cada acto) que haga el próximo gobierno se acompañe de una dosis de integridad que lo eleve más allá de toda duda razonable. La probidad y la transparencia de la próxima administración no son un "extra" opcional a lo que debe ser una gestión eficaz y eficiente. Son más bien la condición necesaria para llevar a cabo las tareas que el momento impone.

Nadie puede saber cuáles podrían ser las situaciones mundiales que pudieran sobrevenir en el próximo quinquenio y que impactarán a la sociedad panameña. Lo que sí sabemos desde ahora es que no es aceptable escoger entre democracia y bienestar, o democracia y seguridad, porque con menos democracia no habrá ni el uno ni la otra. Más democracia sólo se logrará cuando los órganos del Estado entiendan la necesidad de facilitar un proceso constituyente y actúen en consecuencia. Abrigo la esperanza de que así lo entienda el próximo Presidente de la República, sea quien sea.
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El Panamá América, Martes 27 de abril de 2004

Fin de la fiesta

Siempre me ha parecido muy apropiado llamarle "fiesta electoral" al día de las elecciones. El pasado domingo, el pueblo panameño demostró ser un modelo a imitar en el ámbito latinoamericano y, quizás, mundial. Aquí hubo un marcado sentido de la honestidad y la pureza del sufragio, pero también hubo regocijo y una recreación sana, en medio de una administración eficiente del proceso electoral. Los vencedores mostraron humildad en la grandeza de su triunfo y hasta la tristeza de los perdedores mostró su lado de nobleza y dignidad.

Los discursos del fin de la jornada merecen un breve comentario. El de Torrijos fue meramente protocolar. El presidente electo, que debió haber sentido la inminencia de su triunfo desde las tempranas horas del día, no tenía preparada ninguna declaración de impacto para la ciudadanía. Pero eso no fue lo más relevante. No había en los ojos del candidato oficialista la ponderación serena de lo que es sólo una derrota. Sobre sus hombros cayó el peso de la terminación de una carrera política. "Que otros se encarguen de esto", pareció decir, "conmigo no cuenten más."

¡Qué distintas fueron las palabras de Endara y Martinelli! Había allí un sabor a victoria en la derrota. El anuncio de que ambos le harán una oposición al gobierno de Torrijos, afirmación dolorosamente ausente en los arnulfistas (incluyendo a la Presidenta), es la clave del compromiso democrático, porque sin oposición no hay buen gobierno. Ello fue una muestra clara de lo que es la madurez de la actitudes democráticas.

Ya que se trata de una fiesta, debemos tener muy claro qué es lo que celebramos. Por la calidad del sufragio expresado en las urnas y por la transparencia del proceso, las panameñas y los panameños nos felicitamos. Esa decisión tiene la magia de transfigurar al candidato ganador en el legítimo mandatario de la nación. Así es la democracia, pero allí no se agota la cuestión. Con más de 600 mil votos tras de sí, Martín Torrijos pasa a ser el presidente electo y tiene, desde ya, obligaciones y deberes derivados de la responsabilidad que el país le ha encomendado. Lo de septiembre se refiere sólo al momento en que oficialmente comenzarán él y su equipo a ejecutar las tareas de gobierno.

Lo que la nación espera de él es que acometa, a la mayor brevedad, el planeamiento de acciones y la conformación de una amplia fuerza de tarea (dentro de la cual el Consejo de Gabinete es únicamente una parte) para hacer frente a la deuda democrática cuyo saldo pesa sobre todos. Comienza, pues, un nuevo ciclo democrático pletórico de retos.

Cuando se conozcan los resultados de las otras elecciones (legisladores, alcaldes, representantes, miembros del Parlacen), habrá terminado lo sustancial del proceso electoral. Cierto es que la entrega de credenciales y la solución de los conflictos planteados (impugnaciones, denuncias, etc.) son parte de ese proceso, pero todo indica que ya nada fundamental estará en juego. Se trata solamente de situaciones jurídicas en las que lo único que corresponde es la recta aplicación de la ley por las autoridades electorales y judiciales, que para nada habrá interferido con la voluntad política de la nación. Llegamos al fin de este largo y a veces aburrido torneo, pero no me refiero sólo a eso cuando titulo este escrito.

Se acabó la fiesta, porque 8 de 10 panameños votaron decididamente en contra del actual gobierno. Hay que tomar en cuenta el altísmo porcentaje de participación electoral (77%), ligeramente superior al de 1999. No he revisado todas las estadísticas electorales del siglo pasado, pero me atrevo a afirmar que no ha habido candidato oficialista que haya sido apaleado de modo tan severo en unos comicios limpios.

El 16% que obtuvo el candidato oficialista, sumados los tres partidos de la alianza de gobierno, es un resultado humillante que ni siquiera los presidentes títeres de los militares conocieron jamás. ¿A que se debió semejante descalabro? No faltará quien intente disfrazar lo ocurrido recurriendo a todo tipo de falacias. Lo cierto es que ese 16% no es la medida de un candidato arnulfista, cuyas masas son seguramente superiores a tan magro porcentaje.

Ese 16% es la medida del rechazo al actual gobierno y de desaprobación al estilo presidencial de Moscoso, que pareció ignorar que el poder es efímero y que en política uno no puede salirse con la suya todas las veces. Gobernó sin pensar que un día dejaría de hacerlo, por exactamente las mismas razones que otro día tuvo la oportunidad de hacerlo, porque así lo quiso la gente. Probablemente nunca sepamos en qué momento se aguaron sus convicciones democráticas, ni qué la hizo perder esa conexión con los sentimientos de la gente que los sociólogos llaman carisma.

Se acabó también la fiesta de las encuestas fraudulentas. Es deber de las autoridades electorales proseguir con la investigación de lo que fue algo un poco más grave que una estafa. Fue el intento ilícito de confundir y manipular la voluntad de la nación. Si queda impune esta vez, lo volverán a hacer dentro de cinco años. Si se castiga ejemplarmente, habremos fortalecido la confianza en las prácticas democráticas. Que no se diga que fue un error de cálculo; que se investigue y se sancione a los que calcularon ocasionar un daño.

Con los resultados del 2 de mayo el gobierno de Moscoso queda virtualmente descalificado para emprender cualquier cosa nueva. Su posición es la de un administrador interino, mientras se preparan los nuevos dignatarios de la nación. Aquello de que "gobernaré hasta el último día", no es más que una selección llamativa de palabras. Los días y semanas que restan de este período presidencial sólo tienen sentido como período de transición. Si así lo entiende la actual administración, habrá empezado a devolvernos lo que hace cinco años le prestamos.
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El Panamá América, Martes 4 de mayo de 2004

Cinco lecciones

Más allá de la alta participación del electorado, la libertad en el ejercicio del voto y la pureza de los escrutinios, que fueron la tónica general (con algunas lamentables excepciones), se pueden obtener muchas conclusiones de lo que fueron las elecciones del domingo 2 de mayo. Deseo compartir algunas con los lectores.

1. Uno vota como quiere. Un porcentaje nada pequeño de los electores optó por el voto cruzado, es decir, favoreció a partidos distintos en las elecciones para presidente y legislador. El caso más crítico es el del Partido Arnulfista, pues sólo uno de cada dos electores que favorecieron a los candidatos a legislador por dicho colectivo votó por el candidato presidencial del mismo partido.
La matemática dice que el candidato oficialista fue rechazado por el 50% de su propia gente. Similar porcentaje se obtiene al comparar los datos correspondientes al MOLIRENA, 4% para presidente, 8.5% para legislador, y un poco peor aún en el caso del Liberal, 1.5 y 5.2, respectivamente.

¿A dónde fueron a parar estos votos? No es difícil saberlo: Solidaridad obtuvo el 31% en las elecciones a presidente y el 15.5 en las de legislador, o sea, los electores que decidieron apoyar a Endara representan el doble de los que favorecieron la misma papeleta en las legislativas. Pero el voto cruzado no paró ahí. Mientras que el 6% de los electores apoyó al Partido Popular en la competencia legislativa, sólo el 4% lo hizo en la presidencial. Lo mismo ocurrió en Cambio Democrático, en el que un misterioso 2% votó por sus legisladores, pero no por su presidente.
En cifras absolutas, todo esto significa que de los 250 mil electores que apoyaron a la alianza oficialista al momento de escoger a los legisladores y no votaron por su candidato a presidente, 230 mil votaron por Endara y 20 mil por la papeleta del PRD, que además recibió unos 64 mil votos adicionales de parte de los que prefirieron las papeletas de Cambio Democrático y el PP para la Asamblea.

Si se considera el hecho, altamente probable, de que varios miles de los que prefirieron a los candidatos del CD y PP para el Legislativo se fueron en realidad con Endara, entonces habría que incrementar la suma de votantes de la alianza oficialista que optó por Martín para presidente, lo que dice todavía más de la ausencia de una orientación partidaria.

2. Dos países. El descalabro de la nómina Visión de País adquiere ribetes más dramáticos cuando se descubre la geografía del voto: José Miguel Alemán obtuvo más votos que Endara en cinco de nueve provincias (Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos y Darién) y en cuatro de cinco comarcas indígenas. Aún así, Endara duplicó la votación del candidato oficialista a nivel nacional. Esto significa que en los centros de mayor concentración urbana (Panamá, Chiriquí, y Colón) la votación fue extremadamente desfavorable para Alemán. En la provincia de Panamá, donde Torrijos obtuvo 4 votos por cada uno de Alemán, todas las papeletas de los partidos oficialistas alcanzaron apenas un 11.5% del total.

No obstante, los distintos patrones de comportamiento electoral no afectaron el triunfo de Torrijos, quien ganó en todas las provincias y comarcas, con excepción de Kuna Yala.

3. ¿Tres fuerzas? Eso está por verse. El hecho de que Solidaridad se haya convertido en la segunda fuerza que más votos atrajo y de que haya triplicado el porcentaje obtenido por el Partido Arnulfista, no significa que haya una tercera fuerza victoriosa en el país, pues como se ha dicho los arnulfistas siguieron votando arnulfista para legislador y solo se cambiaron en las presidenciales porque nadie ignora que Endara es arnulfista y era (y probablemente es) el arnulfista más popular. Que el Partido Arnulfista no lo haya postulado solamente significa que hay un déficit grave de democracia interna y que dicha deuda la cobran los militantes y simpatizantes del partido el día de las elecciones.

La hipótesis de que a partir del descalabro de la segunda fuerza electoral más importante (el PA fue el segundo más votado en los comicios para legislador) se formará una nueva realidad política es algo que, en mi humilde opinión, no está nada claro.

4. Cuatro son los caminos que conducen al triunfo. Si se analiza el origen de los 711,447 votos que hicieron a Martín Torrijos el candidato presidencial más votado en nuestra corta historia como nación, llegamos a la conclusión de que existen cuatro capas o círculos concéntricos que describen la victoria electoral del perredista. Primero, su partido aportó el grueso de la votación, pues, según cifras del Tribunal Electoral, el PRD tiene más de 430 mil inscritos.

Ahora bien, eso no habría sido suficiente para ganar. Segundo, sumados los 50 mil votos que aportó el PP, llegamos a la cifra de 480 mil, que coloca a Martín por encima de Endara por un estrecho margen de unos 20 mil votos. Tercero, los Independientes Pro Martin, que son un grupo organizado y con recursos, pero que no son miembros del partido, sumaron según sus propios cálculos unos cien mil votos. Eso nos lleva hasta 580 mil, lo que quiere decir que hay unos 130 mil votos por Martín que no responden a ninguna de las formas de organización política que respaldó su candidatura.

La amplitud de su éxito consiste entonces en que captó una buena parte del voto difuso de la esperanza, del descontento, de la necesidad de reorientación de la actividad política y esta fuerza no organizada constituye la segunda más grande de todas las que le apoyaron. Es un caudal político que Torrijos no puede darse el lujo de malgastar. Ojalá lo entienda así su partido.

5. Cinco grandes fracasos. Los que pensaron que el dinero podía comprar votos, los que creyeron que desde el poder podían manipularlo todo, los que trataron de confundir con encuestas fraudulentas, los que pensaron que iban a cambiar la opinión del electorado con campañas sucias, y los que se propusieron hacer alguna trampa para producir resultados distintos a los expresados por la ciudadanía en las urnas, todos fracasaron.
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El Panamá América, Martes 11 de mayo de 2004